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Oferta pública de caza: ¿servicio social o negocio?

  • Una columna sobre sorteos, subastas y precios de la caza en terrenos de gestión pública. La propuesta de Caza Libre: permisos accesibles y adjudicaciones transparentes.
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Una columna sobre sorteos, subastas y precios de la caza en terrenos de gestión pública. La propuesta de Caza Libre: permisos accesibles y adjudicaciones transparentes.
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· Madrid

Un cazador mira la convocatoria, reúne los papeles, espera meses, sale agraciado y entonces descubre cuánto cuesta el permiso. El sorteo ha sido impecable: todos tenían la misma probabilidad de recibir una factura que no todos podían pagar. Hay pocas maneras más elegantes de confundir igualdad de oportunidades con igualdad de papeletas.

La oferta pública de caza se llama así porque se desarrolla en terrenos y reservas gestionados por administraciones, aunque los derechos sobre el aprovechamiento, las propiedades incluidas y los costes de gestión varíen de un lugar a otro. Su razón de ser debería poder explicarse sin mirar primero la recaudación: conservar las poblaciones, gestionar el territorio y dar una oportunidad real de cazar a quien no posee una finca ni puede adquirir recechos a precio de escaparate.

Lo que algunas comunidades sí han entendido

Asturias mantiene sorteos generales de batidas, caza menor y recechos, además de procedimientos para repartir sobrantes. Aragón sortea permisos de reservas y cotos sociales y ofrece un ejemplo tarifario concreto: en su plan 2026-2027, la entrada por cazador autonómico o comunitario a una batida ordinaria es de 15 euros; para batidas en las que solo se puede cazar jabalí bajo el supuesto indicado por el plan, no se cobra cuota de entrada. Puede haber cuotas complementarias, y no todas las modalidades cuestan lo mismo. El mérito es que existe una vía reconocible para participar sin acudir a una puja.

Castilla-La Mancha publica sorteos de sus cotos sociales, y la Comunitat Valenciana realizó en 2026 el sorteo de permisos de la Muela de Cortes. Son procedimientos distintos, y convendría comparar sus tarifas totales permiso a permiso antes de llamar asequible a cualquiera de ellos. Pero la idea común importa: las administraciones pueden reservar una parte de la caza pública a una adjudicación que no dependa de quién ofrezca más.

Cuando ganar el sorteo no basta

El caso de Madrid enseña que sortear no resuelve por sí solo el acceso económico. La comunidad sortea palomas, jabalíes y cabra montés; los permisos de cabra tienen una cuota de entrada y otra complementaria según el resultado del lance y el trofeo. Su tabla de tasas enlazada desde la página oficial fija 525,50 euros de entrada para un macho y, para un trofeo de 300 puntos, 29.596,70 euros de cuota complementaria: 30.122,20 euros en total en ese supuesto. Hay ejemplares y categorías mucho menos caros, entre ellos hembras. Pero una cifra así merece una pregunta pública: ¿qué persigue exactamente el sorteo de un permiso al que el ganador medio no puede hacer frente?

Andalucía adjudica por sorteo y por subasta en su oferta 2026-2027. También dispone de permisos gratuitos para jóvenes y, esta temporada, para mujeres. Es una iniciativa de acceso que conviene reconocer. Precisamente por eso debe publicar, temporada por temporada, cuántos permisos de cada especie y modalidad van a sorteo general, a estos sorteos específicos y a subasta, cuánto ingresa cada vía y cuántos adjudicatarios renuncian tras conocer el coste total. Con los documentos consultados no podemos afirmar como hecho que cada año se reduzca el sorteo; sí podemos preguntar si la balanza se está moviendo hacia quien más paga. La respuesta debería estar en una serie pública, no en un eslogan.

Cataluña también combina sorteos selectivos con subastas de trofeos: ambas fórmulas figuran en sus convocatorias. Extremadura sí tiene sorteo de oferta pública; recibió 8.010 solicitudes para 2026-2027, un 15 % más que la campaña anterior. En ambos casos el debate serio exige mirar permisos disponibles, precios completos y capacidad real de acceder, no despachar la comunidad con una etiqueta cómoda.

En Castilla y León, el portal de las reservas regionales remite al de subastas de caza. Allí figuran recechos y lotes de propietarios con precios de salida y pujas. El plan de Urbión 2026-2027 fija, por ejemplo, precios índice de 1.000 euros para un corzo A1, 1.200 para un ciervo A y 25 para caza menor general. Son índices de gestión, no precios finales de todas las adjudicaciones. No hemos localizado una convocatoria autonómica de sorteo general equiparable a las de Asturias o Aragón para esas reservas; si existe, debería ser igual de fácil encontrarla que las subastas. La pregunta es por qué la puerta visible al gran público tiene forma de puja.

El precio simbólico no significa gestión gratuita

Defender permisos públicos a precio simbólico no equivale a fingir que una reserva se sostiene sola. Hay guardería, censos, seguimiento sanitario, señalización, daños, personal y, en muchos terrenos, propietarios y entidades locales con derechos e ingresos legítimos. Todo eso cuesta dinero. La cuestión política es quién paga cuánto y para qué. Si se decide que la oportunidad de cazar en terreno de gestión pública es un servicio de interés social y territorial, una parte estable del presupuesto debe financiarlo y compensar de manera transparente a los titulares de derechos, en vez de cargar toda la factura sobre el adjudicatario que tuvo suerte.

La reforma que proponemos empieza por reservar una cuota mayoritaria de permisos realmente accesibles, con precio final anunciado antes de solicitar y tope simbólico que incluya las cuotas previsibles. Los trofeos excepcionales no deberían servir para convertir toda una reserva en un catálogo de lujo: si una administración mantiene un cupo comercial, que publique cuántos permisos detrae del acceso social, cuánto recauda y a qué actuaciones concretas destina el ingreso. Los sorteos deben ser verificables, con reglas sencillas, posibilidad de participar sin intermediario, cupos locales razonables y límites que impidan acaparar varios permisos. Los que queden desiertos deberían volver al público con rapidez, no perderse en un laberinto de anuncios.

También hacen falta datos que hoy rara vez se presentan juntos: permisos planificados, sorteados, subastados, adjudicados, disfrutados y renunciados; importe de entrada, complementos, gasto obligatorio y destino de cada euro. Si una administración defiende la puja como necesaria para conservar la reserva, podrá demostrarlo. Si no puede, será legítimo sospechar que ha confundido gestionar un patrimonio común con explotar un escaparate.

La oferta pública de caza no cumplirá su nombre mientras cualquier cazador pueda apuntarse pero solo algunos puedan permitirse salir al monte. El sorteo debe repartir oportunidades; el precio no debería deshacerlo después.

Documentos consultados · 28 de septiembre de 2026

Aragón · plan 2026-2027 y cuotas, anexo II ↗

Madrid · sorteos de 2026 y acceso a la tabla de tasas ↗

Andalucía · resolución de oferta pública 2026-2027 ↗

Cataluña · convocatorias y resultados de sorteos y subastas ↗

Extremadura · cifras de solicitudes 2026-2027 ↗

Castilla y León · plan de Urbión 2026-2027 ↗

La propuesta de precio simbólico y de reparto mayoritario por sorteo es la posición editorial de esta columna. Los importes citados corresponden a supuestos concretos; no describen el coste de todos los permisos de cada comunidad.

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