Apoyar la caza también exige decir qué se hará con el Reglamento de Armas
- Cuatro cambios que debe aprobar el próximo Gobierno: sin nuevos cupos de armas, silenciadores autorizados, usos cinegéticos del .22 y criterios técnicos por encima de la apariencia.

· Madrid
Redacción Caza Libre
Una norma de armas debe ser exigente. Precisamente por eso necesita distinguir. El control de una escopeta, la clasificación de un rifle y la autorización de un accesorio requieren decisiones fundadas en sus características y riesgos. Cuando la regulación pierde esas diferencias, aumenta la carga del usuario sin demostrar necesariamente una mejora equivalente de la seguridad.
Ese es el debate que la caza debe llevar a las próximas elecciones. El Reglamento de Armas afecta a la actividad cotidiana de cazadores, sociedades, armerías y profesionales: qué pueden adquirir, cómo deben custodiarlo, dónde pueden entrenarse y qué trámites necesitan. Una declaración de apoyo al sector debería explicar también qué propone hacer con estas reglas.
La reforma estatal del Reglamento de Armas es, por tanto, una cuestión que debe figurar entre las demandas al próximo Gobierno. La consulta pública previa de Interior estuvo abierta del 16 de febrero al 8 de marzo de 2026. Aquel trámite recogía aportaciones para una modificación: no equivalía a una reforma aprobada ni autorizaba por sí mismo nuevos usos.
La posición de Caza Libre se concreta en cuatro decisiones.
Sin nuevos cupos generales de armas
El próximo Gobierno debe descartar un nuevo máximo general de armas ligado a la unificación de las licencias D y E. Simplificar la documentación pierde sentido si, a cambio, se introduce otra restricción para quienes cumplen los requisitos de adquisición, tenencia y custodia.
La RFEC ha defendido la unificación de ambas licencias y ha expresado su oposición a limitar el número de armas mediante medidas que carezcan de una base técnica objetiva. Es una demanda que merece una respuesta concreta de las candidaturas.
Un cazador puede utilizar distintas armas para actividades diferentes. Una escopeta de menor, otra destinada al tiro y varios rifles con características distintas no constituyen, por su mera suma, una prueba de uso irresponsable. La evaluación debe atender a la habilitación del titular, las condiciones de seguridad y el cumplimiento de sus obligaciones.
La reforma debe conservar la posibilidad de adquirir y mantener armas legales sin introducir un nuevo cupo general. Si la Administración considera necesaria una restricción, debe explicar qué riesgo pretende resolver, aportar razones verificables y justificar su proporcionalidad.
Autorizar los silenciadores para la caza
El Gobierno debe sustituir la prohibición general por una autorización regulada para titulares habilitados.
El Reglamento de Armas incluye los silenciadores adaptables a armas de fuego entre los elementos prohibidos. Por tanto, su autorización cinegética requiere una modificación normativa; no basta con que el accesorio pueda adquirirse o utilizarse legalmente en otro país.
La demanda es permitir su adquisición a usuarios habilitados, a través de establecimientos autorizados, y establecer las condiciones de tenencia y uso. La identificación del titular y la trazabilidad del accesorio pueden integrarse en ese régimen.
La protección auditiva y la reducción del ruido deben formar parte de la evaluación técnica. También sus límites: un moderador de sonido no convierte un disparo en inaudible ni sustituye las demás precauciones de seguridad.
La RFEC ha solicitado flexibilizar el uso de estos dispositivos. El siguiente paso político debe ser responder a esa petición con una regulación clara, en lugar de mantener indefinidamente el asunto entre las posibilidades de una futura reforma.
Permitir usos cinegéticos adecuados del calibre .22
El Ejecutivo debe abrir una vía legal para emplear el .22 de percusión anular en modalidades y controles de fauna donde resulte adecuado y esté autorizado.
Esta demanda se refiere al calibre habitualmente asociado al .22 LR. No debe confundirse con el .223 Remington, que tiene características y régimen distintos.
El Reglamento sitúa las armas largas de 5,6 milímetros —«.22 americano»— de percusión anular en la categoría correspondiente al tiro deportivo. La RFEC reclama que el régimen de armas permita su empleo en las modalidades y controles poblacionales que las comunidades autónomas consideren adecuados.
La reforma debe resolver ese encaje sin confundir dos planos: la habilitación estatal del arma y las condiciones cinegéticas que determine la Administración competente.
No se propone utilizar el .22 para cualquier especie o situación. Cada autorización debe valorar la eficacia, la seguridad, las características del lugar y el bienestar animal. Precisamente por eso hace falta una regulación que permita decidir con criterios técnicos sobre usos concretos.
Clasificar las armas por sus características
El Gobierno debe descartar el aspecto exterior como criterio suficiente para restringir un arma.
Funcionamiento, capacidad, dimensiones y posibilidades de transformación son características comprobables. El color, la forma de una culata o la semejanza visual con otro modelo no deberían sustituir ese examen.
La RFEC ha manifestado su oposición a que la regulación de las armas denominadas tácticas dependa de criterios estéticos o interpretaciones subjetivas. Su posición es que las decisiones se apoyen en parámetros técnicos objetivos.
La norma debe permitir que un usuario conozca con claridad qué puede adquirir y utilizar, y que la Administración aplique criterios previsibles. La seguridad jurídica también exige evitar que modelos con prestaciones equivalentes reciban un trato distinto por su apariencia.
Un compromiso que pueda comprobarse
Las candidaturas que se presentan como defensoras de la caza deben explicar qué harán con estas cuatro cuestiones y mediante qué instrumentos.
Un compromiso útil debe identificar la modificación que se propone, el órgano responsable y un calendario de tramitación. También debe distinguir lo que puede resolverse mediante un cambio reglamentario de aquello que necesita otras actuaciones normativas.
Estas cuatro decisiones permitirían comprobar el alcance de su compromiso con la caza. La reforma pendiente debe convertirlas en reglas aplicables, con seguridad jurídica y controles eficaces.
Fuentes y documentos
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