Artemisan pide una garantía de 1,91 millones si se paraliza el control del lobo en Asturias
- La fundación anuncia su personación ante el TSJA. La garantía solicitada queda condicionada a una eventual suspensión judicial del plan.

· Madrid
El debate sobre el control del lobo en Asturias incorpora una petición económica ante los tribunales. Fundación Artemisan ha comunicado este lunes, 5 de octubre, que se ha personado en el procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado y que solicita una garantía de 1.910.000 euros si se acuerda suspender cautelarmente el plan.
Una petición condicionada a la suspensión
La entidad actúa junto a Unión Rural Asturiana, Ganagri y otras organizaciones. Según su comunicación, se opone a la paralización solicitada por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, y ha aportado un informe pericial en defensa de los controles.
Artemisan vincula la cantidad a los perjuicios que, según su estimación, ocasionaría la suspensión sobre la ganadería, los animales domésticos y las especies cinegéticas. Defiende que la situación de la población permite controles justificados y que prevención e indemnizaciones no bastan. Son los argumentos de una parte del litigio, pendientes de valoración judicial.
Qué significa una garantía judicial
La Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa distingue la decisión sobre una medida cautelar de la sentencia que resuelve el recurso. Su artículo 130 exige valorar los intereses enfrentados: la suspensión puede proteger la finalidad del recurso, pero también puede denegarse si provoca una perturbación grave de intereses generales o de terceros.
El artículo 133 permite exigir una caución o garantía para responder de los perjuicios derivados de la medida. Cuando el tribunal la establece, la medida queda supeditada a que se constituya y acredite, o a que se cumplan las medidas alternativas acordadas para evitar esos daños.
Por tanto, la cifra que propone Artemisan no es una multa ni una indemnización ya reconocida. La facultad de exigir garantía corresponde al tribunal; la petición de una parte no determina por sí sola ni su aceptación ni su cuantía.
La resolución será el siguiente paso
En la documentación comprobada para esta información no consta un auto que acepte esa garantía o resuelva esta petición de suspensión. La novedad es la actuación anunciada por la fundación. Para conocer sus efectos sobre el plan habrá que atender a la resolución judicial, diferenciando las medidas provisionales de la decisión sobre el fondo.
Fuentes y fechas
Nota original de Fundación Artemisan: 5 octubre de 2026. Se informa de sus solicitudes, sin presentarlas como una resolución judicial. Comprobación: 5 octubre de 2026.
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