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El partido que quiera el voto de la caza debe comprometerse a cambiar la Ley de Parques Nacionales

  • Una reforma que reconozca la caza como herramienta de gestión cuando sea necesaria para conservar, con dirección técnica, adjudicación por sorteo y precios simbólicos. Sin convertir los parques nacionales en un negocio cinegético.
Ciervos en la raña del Parque Nacional de Cabañeros; fotografía de archivo
Concentración de ciervos en el Parque Nacional de Cabañeros. Fotografía de archivo, 28 de diciembre de 2007; la imagen no acredita por sí sola un diagnóstico de sobrepoblación. Jackie Ramalho / Flickr · Dominio público (PDM 1.0). Adaptación proporcional para web.

· Madrid

Redacción Caza Libre

El partido que quiera el voto de los cazadores debe responder a una pregunta concreta: ¿se compromete a reformar la Ley de Parques Nacionales para permitir una caza de gestión, científicamente justificada y socialmente accesible?

Ese es el compromiso que hay que exigir. Una modificación legal expresa, con garantías y obligaciones que puedan comprobarse.

La ley vigente declara incompatible la caza deportiva y comercial, mientras permite controles de poblaciones por motivos de gestión. La reforma que defendemos debe establecer un cauce inequívoco para la participación de cazadores en las actuaciones necesarias para conservar estos espacios. No basta con cambiarles el nombre a los abatimientos.

Pero hay que cambiarla bien.

La necesidad de intervenir debe acreditarse mediante censos, indicadores de impacto y objetivos de conservación. La dirección del parque debe determinar las especies, los ejemplares, los métodos y las condiciones de cada actuación. Ningún interés por obtener un trofeo puede imponerse a esas decisiones.

La reforma debe regular también el acceso. Los permisos se adjudicarían mediante sorteos públicos entre cazadores que acrediten la formación y los requisitos exigidos, con tarifas simbólicas, personales e intransferibles. Debe excluirse expresamente su subasta, reventa o explotación mediante paquetes comerciales que terminen reservando la participación a quienes más puedan pagar.

Y debe cerrar otra puerta: la de anunciar un permiso barato y encarecerlo después mediante servicios obligatorios de precio desproporcionado. Todos los costes exigibles al participante tendrían que ser públicos, estar justificados y sujetos a límites.

La supervisión correspondería a la Administración gestora, con respeto a las competencias autonómicas y a los derechos existentes dentro de cada parque. La reforma estatal tendría que acompañarse de la adaptación de los instrumentos de gestión y de los procedimientos necesarios para hacerla efectiva.

También habría obligaciones de transparencia: publicar la justificación de las actuaciones, los criterios del sorteo, los costes y los resultados. Si desaparece la necesidad de extracción, desaparecen los permisos.

La ley debe abrir una participación accesible y regulada en la conservación de los parques nacionales. Debe impedir que esa apertura termine convertida en una concesión para hacer negocio.

Eso es cambiarla bien: conservar como finalidad, ciencia como fundamento, dirección pública y acceso al alcance de cualquier cazador capacitado, con independencia de su renta.

El partido que quiera el voto de la caza debe decir si asume esa reforma, qué texto propone y en qué plazo lo llevará al Parlamento.

Las declaraciones de apoyo ya las conocemos. Ahora queremos compromisos legislativos.

Fuentes y documentos

Ley 30/2014, de Parques Nacionales, artículo 7: incompatibilidad de la caza deportiva y comercial y controles de poblaciones por gestión. Texto consolidado consultado el 14 de octubre de 2026.

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