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Ecologistas señala al coto de Tordehumos: investigar sí, culpar por defecto no

  • Caza Libre analiza los límites entre investigar un disparo, suspender una actividad y acreditar responsabilidades.
Lince ibérico en Almuradiel (Ciudad Real), 19 de diciembre de 2021. Fotografía de archivo; no corresponde al ejemplar muerto en Tordehumos.
Lince ibérico en Almuradiel (Ciudad Real), 19 de diciembre de 2021. Fotografía de archivo; no corresponde al ejemplar muerto en Tordehumos. Diego Delso, delso.photo / Wikimedia Commons · Procedencia · CC BY-SA 4.0. Redimensionado y conversión a WebP; derivados bajo la misma licencia.

· Madrid

Radio Palencia informa este 8 de octubre de que Ecologistas en Acción solicita un expediente sancionador por la muerte por disparo de un lince en Tordehumos y evaluar la responsabilidad del coto, incluida una posible suspensión. Este análisis parte de esa información y de las normas consultadas; no del expediente ni del escrito de la asociación, que no hemos podido examinar.

Lo que contempla la ley

El artículo 91 de la Ley de Caza de Castilla y León incluye la suspensión de la actividad cinegética del coto entre las medidas accesorias de las sanciones. Su artículo 92 establece criterios para graduarlas. Esa posibilidad legal existe, pero una petición de que se estudie no equivale a una suspensión acordada.

El artículo 28 de la Ley 40/2015 exige responsabilidad a título de dolo o culpa para imponer sanciones administrativas. Su artículo 29 recoge el principio de proporcionalidad. Son criterios que obligan a examinar la conducta y las obligaciones de cada posible responsable.

Análisis de Caza Libre: firmeza y pruebas

Un disparo ilegal contra fauna protegida merece una investigación exhaustiva y las consecuencias que correspondan. Defender la caza legal exige rechazar esas conductas, colaborar en su esclarecimiento y no buscar excusas para quien resulte responsable.

También exige rigor al señalar culpables. El lugar donde aparece un animal no basta, por sí solo, para demostrar quién disparó ni qué incumplimiento corresponde al titular del coto. Si existe una responsabilidad de gestión, debe acreditarse. Si la conducta es individual, debe identificarse y perseguirse.

El coto tampoco queda exento de examen por el mero hecho de que no se conozca al autor. La investigación debe revisar sus obligaciones y los hechos relevantes. Lo que rechazamos es resolver ese examen mediante una condena colectiva anticipada a sus usuarios o a los cazadores en general.

Una medida cautelar, si procede conforme a la normativa aplicable, cumple una función distinta de una sanción definitiva. Debe tener fundamento, motivación y alcance proporcionado. No hay que confundir la adopción de una precaución con la demostración de culpabilidad.

Ecologistas puede reclamar que se investigue y que se estudien medidas. La Administración debe decidir con pruebas y explicar su decisión. Nuestro listón es el mismo para todos: esclarecer el hecho, proteger la fauna y exigir responsabilidades acreditadas.

Ni minimizar el disparo ni convertirlo en un juicio a toda la caza. La firmeza que necesita este caso se mide por la calidad de la investigación y la solidez de sus conclusiones.

Fuentes consultadas · 8 octubre 2026

BOE · Ley de Caza de Castilla y León, artículos 91 y 92

BOE · Ley 40/2015, artículos 28 y 29

Radio Palencia · Información del 8 de octubre de 2026

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