El lobo como especie cinegética: el compromiso que debe asumir el próximo Gobierno
- Europa ha abierto un marco más flexible para gestionar sus poblaciones. España necesita convertir ese margen en reglas claras, planes respaldados por datos y una participación efectiva de los cazadores, sin dejar a los ganaderos esperando otra legislatura.

· Madrid
Redacción Caza Libre
El lobo debe estar en el debate electoral. Y debe estar con una pregunta concreta: ¿qué se compromete a hacer el próximo Gobierno para que su conservación sea compatible con la ganadería extensiva y con una gestión en la que la caza regulada tenga un papel real?
La posición de Caza Libre es clara: hacer posible la gestión del lobo como especie cinegética allí donde se acrediten las condiciones legales y de conservación necesarias. Ese compromiso exige normas, información científica y decisiones defendibles ante los tribunales. La promesa electoral debe explicar cómo se llegará a ese objetivo.
Europa ha cambiado el marco
La Directiva (UE) 2025/1237 retiró al lobo del anexo IV de la Directiva de Hábitats y lo incorporó, sin la anterior distinción territorial, al anexo V. El cambio europeo amplía el margen para gestionar sus poblaciones, pero mantiene las obligaciones de conservación. Los Estados pueden conservar medidas de protección más exigentes.
El plazo de adaptación termina el 15 de enero de 2027. Por tanto, el Gobierno que salga de las urnas tendrá que explicar qué aplicación pretende dar a ese marco y con qué calendario. La reforma no abre por sí sola una temporada de caza ni impone que España lo declare cinegético.
Nuestra propuesta es que el Ejecutivo utilice el margen disponible para construir una gestión viable, con participación de las comunidades autónomas y del sector cinegético. Deberá justificar sus decisiones con datos y respetar las condiciones que fija el Derecho europeo.
Al norte del Duero: salir del listado no equivale a poder cazar
La Ley 1/2025 modificó el anexo del Real Decreto 139/2011 y dejó fuera del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial a las poblaciones del norte del Duero. Es un cambio relevante, pero no basta para que cualquier cazador pueda abatir un lobo.
La declaración autonómica de una especie como cinegética, la aprobación de un aprovechamiento y la autorización concreta para ejecutarlo son decisiones diferentes. También lo son la caza ordinaria y un control poblacional autorizado. Cada actuación necesita su cobertura jurídica, sus condiciones y el respeto de las resoluciones judiciales aplicables.
El artículo 65 de la Ley 42/2007 atribuye a las comunidades autónomas la determinación de las especies objeto de caza, dentro de los límites estatales y europeos. El próximo Gobierno debe facilitar un marco coherente y seguro, y coordinarlo con las autonomías que tienen que llevarlo al terreno.
Al sur del Duero: una transición que exige claridad
Aquí conviene leer conjuntamente las normas. El texto consolidado del Real Decreto 139/2011 consultado sigue mostrando al lobo del sur del Duero en el listado de protección especial. A la vez, la disposición transitoria única de la Ley 1/2025 prevé su exclusión automática cuando el cambio europeo lo incorpore al anexo de especies cuya explotación puede someterse a medidas de gestión. La reforma europea de 2025 ya ha modificado esos anexos.
Esa coexistencia obliga a precisar los efectos de la disposición transitoria y su aplicación administrativa. No permite deducir que exista una autorización general para cazar al sur del río. Además, deben respetarse las protecciones autonómicas y las obligaciones sobre hábitats y espacios protegidos que correspondan.
La modificación española también ha sido impugnada: el Tribunal Constitucional anunció en julio de 2025 la admisión del recurso del Defensor del Pueblo contra las tres disposiciones de la Ley 1/2025 relacionadas con el lobo. La admisión a trámite no equivale a una sentencia que las anule.
El compromiso que reclamamos es resolver esta transición con transparencia y seguridad jurídica, explicando qué régimen se aplica, dónde y con qué fundamento. El campo necesita decisiones comprensibles y ejecutables.
Hay más manadas, pero el censo no sustituye la evaluación
El censo nacional coordinado por el MITECO para 2021-2024 contabilizó 333 manadas, frente a las 297 del periodo 2012-2014: un incremento aproximado del 12 %. La mayor parte se concentra en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. Son cifras de esos periodos, no un recuento de octubre de 2026.
El aumento es un dato relevante para el debate. No demuestra por sí solo que la especie tenga un estado de conservación favorable en los términos exigidos por la normativa. La distribución, la conectividad y la evolución de las poblaciones también importan.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de julio de 2024, asunto C-436/22, marca un límite decisivo: no cabe declarar al lobo cazable en una parte del territorio cuando su estado de conservación en el Estado se considera desfavorable-inadecuado. Deben valorarse el informe sexenal, los datos científicos más recientes y el principio de cautela. Esa resolución no es una evaluación de las poblaciones en octubre de 2026; su criterio jurídico debe tenerse en cuenta al decidir.
Defender al lobo como especie cinegética exige tomarse en serio esa condición. El Gobierno debe impulsar una evaluación actualizada, rigurosa y pública que permita saber qué medidas resultan compatibles con la conservación y cuáles no.
Cinco compromisos que deberían figurar en los programas
El primero es un calendario normativo. Los partidos deben explicar qué cambios proponen, qué administración es competente y cómo se relacionan con la adaptación europea. La seguridad jurídica empieza por unas reglas que puedan aplicarse.
El segundo es un seguimiento coordinado y verificable. Manadas, distribución, reproducción, mortalidad y daños deben conocerse con métodos comparables. Las discrepancias técnicas tienen que explicarse y someterse a contraste.
El tercero es preparar planes territoriales que incorporen a los cazadores cuando la caza regulada sea jurídicamente admisible y esté respaldada por la evaluación científica. Deben fijar objetivos, cupos cuando procedan, zonas, periodos, trazabilidad y mecanismos de revisión. La participación cinegética que defendemos debe quedar integrada en la planificación pública y en sus controles.
El cuarto es acompañar al ganadero con prevención adaptada a cada explotación y con indemnizaciones ágiles por los daños acreditados. Hay que evaluar el coste de las medidas, su eficacia y su viabilidad en el trabajo diario. La coexistencia también se juega en una explotación que debe poder seguir abierta.
El quinto es rendir cuentas. Las administraciones deben publicar qué resultados producen las medidas: evolución de las poblaciones, daños y conflictos. Si una actuación no logra el objetivo previsto, habrá que revisarla. Tampoco debe prometerse que cualquier extracción reducirá automáticamente los ataques.
Un compromiso que se pueda comprobar
Los cazadores tienen razones para pedir una respuesta precisa a quienes aspiran a gobernar. ¿Defenderán un marco que haga posible el aprovechamiento cinegético sostenible del lobo cuando concurran sus requisitos? ¿Qué harán para acreditarlos? ¿Qué calendario proponen y cómo trabajarán con las comunidades autónomas?
Desde Caza Libre defendemos ese objetivo y reclamamos que se traduzca en medidas concretas. La conservación necesita seguimiento, recursos y gestión. La ganadería extensiva necesita prevención viable, compensaciones eficaces y capacidad de respuesta. Los cazadores deben poder participar bajo reglas claras cuando esa participación esté legal y científicamente justificada.
El lobo debe conservarse. La ganadería extensiva debe poder seguir trabajando. Y la caza regulada debe tener un lugar en la gestión cuando existan las condiciones necesarias. Ese es el compromiso que debería asumir el próximo Gobierno y que los electores deberían poder comprobar después de votar.
Fuentes y documentos
Directiva (UE) 2025/1237: anexos y plazo de adaptación
Ley 1/2025: disposición transitoria única, adicional octava y final decimonovena
Real Decreto 139/2011: anexo consolidado consultado
Ley 42/2007: competencias, protección y especies objeto de caza
TJUE, 29 de julio de 2024, C-436/22: conservación y aprovechamiento
MITECO: resultados del censo nacional 2021-2024, publicados el 27 de junio de 2025
Tribunal Constitucional: admisión del recurso del Defensor del Pueblo, 22 de julio de 2025
Directiva de Hábitats consolidada: artículos 11 y 14, anexo II y régimen de conservación
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