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PP: la caza necesita hechos, no un voto de confianza

  • Balance del PP sobre caza: compromisos de 2023, decisiones autonómicas, seguridad jurídica, licencias y acceso a la oferta pública. Análisis de Caza Libre.
Alberto Núñez Feijóo en un retrato oficial del Partido Popular de mayo de 2025; fotografía de archivo.
Alberto Núñez Feijóo, 14 de mayo de 2025. Fotografía oficial de archivo: Partido Popular PP. Wikimedia Commons · CC0 1.0. Reducción proporcional y conversión para web; encuadre de presentación adaptado al marco. No corresponde a un acto de campaña actual.

· Madrid

10 octubre 2026 · 08:06 CEST a las 08:06

Análisis y opinión

El Partido Popular ha asumido compromisos claros con la caza y cuenta con decisiones autonómicas que los respaldan. Pero esa cercanía al sector obliga a exigir coherencia cuando se gobierna.

El cazador tiene derecho a preguntar qué se ha cumplido, qué sigue pendiente y qué piensan hacer los populares con las competencias que ya ejercen. Porque defender la caza desde la oposición es una cosa. Gestionarla desde una consejería es otra.

Lo que prometieron

El programa del PP para las elecciones generales de 2023 contenía compromisos expresos. Su medida 77 planteaba respaldar la actividad cinegética sostenible, incorporar al sector a las decisiones y reconocer su aportación al empleo, la conservación y la gestión del territorio. La siguiente proponía recuperar la situación de protección del lobo anterior a 2021 para permitir su control al norte del Duero. El documento también apostaba por reducir cargas administrativas y favorecer la actividad económica. Son antecedentes con los que contrastar su actuación, no un programa nuevo para las próximas elecciones.

A ello se sumaron los compromisos suscritos con la Real Federación Española de Caza en 2023 y, ante las elecciones europeas, en 2024. En este último acuerdo, los populares defendieron una regulación proporcionada y elaborada con participación del sector, además del apoyo a las modalidades tradicionales dentro del marco europeo. El compromiso existe y está documentado. Lo que corresponde ahora es concretar sus resultados.

Hay decisiones que merecen reconocimiento

Andalucía aprobó en marzo de 2026 las medidas necesarias para implantar la licencia interautonómica. Es un avance práctico: facilita desplazarse a cazar y evita tramitar una licencia distinta en cada territorio adherido. El convenio reúne diez comunidades, entre ellas Andalucía, Aragón, Castilla y León, Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia. También participan Castilla-La Mancha y Asturias, por lo que sería injusto presentarlo como un logro exclusivamente popular.

Esa cooperación merece apoyo. También plantea una exigencia: avanzar hacia una habilitación verdaderamente nacional, respetando las condiciones de aprovechamiento de cada territorio. No tiene mucho sentido defender la unidad de mercado mientras un ciudadano sigue encontrando fronteras administrativas para practicar una actividad legal.

Madrid aprobó en junio su primera ley autonómica de Caza y Pesca, con el propósito declarado de actualizar la regulación y reforzar la seguridad jurídica. Es una reforma relevante. Pero las leyes deben valorarse también por su aplicación: claridad, trámites razonables y capacidad para dar estabilidad al sector.

En Aragón, el decreto extraordinario frente al riesgo de peste porcina africana prevé una ayuda de 30 euros por jabalí abatido para el titular del coto, condicionada a la entrega en un centro de recogida y al cumplimiento de los requisitos. Reconoce que el control de poblaciones presta un servicio de interés general. Ahora bien, al pedir más esfuerzo a los cazadores, la Administración debe facilitar la recogida, la tramitación y el cobro. La utilidad pública del trabajo tiene que reflejarse en las condiciones para realizarlo.

La Rioja convocó este año 50.000 euros para financiar asesoramiento técnico obligatorio en los cotos. La propia comunicación del Gobierno reconocía que ese gasto resulta difícil de asumir para muchas sociedades. La ayuda es positiva; la pregunta viene después: ¿pueden simplificarse las obligaciones, aprovecharse mejor los datos ya disponibles y evitar costes repetidos sin perjudicar la conservación? Subvencionar una carga y revisar si está bien diseñada son tareas compatibles.

La seguridad jurídica se demuestra cuando llegan los recursos

Madrid ofrece ahora una prueba especialmente seria. El Tribunal Superior de Justicia ha suspendido cautelarmente la aplicación de la orden de vedas respecto de nueve especies de aves. La decisión procede del tribunal: no es una prohibición adoptada por el Gobierno autonómico ni una sentencia definitiva sobre el fondo.

Precisamente por eso, al Ejecutivo hay que exigirle una defensa técnica y jurídica solvente, información clara para los afectados y expedientes respaldados por datos suficientes. Un discurso favorable a la caza pierde eficacia si la temporada queda pendiente de una controversia judicial. Defender al sector exige censos, seguimiento y trabajo administrativo antes de que llegue el recurso.

El patrimonio público también debe abrir oportunidades

Extremadura mantiene una oferta pública de caza adjudicada mediante sorteo. Es una vía que merece conservarse y mejorarse, sin atribuir al Gobierno actual la creación de un sistema anterior.

El contraste lo encontramos en Las Batuecas: un permiso de montés sale a subasta por 15.000 euros. La ficha identifica al Ayuntamiento de Nava de Francia como propietario del lote a efectos fiscales, un dato que debe precisarse al repartir responsabilidades.

Los ingresos para los pueblos importan. También importa que la gestión pública ofrezca oportunidades a quienes no pueden competir en esas cantidades. Nuestra propuesta es reservar una parte significativa de los permisos para sorteos con precios asequibles y criterios transparentes. El rendimiento de los recursos públicos puede convivir con un acceso más amplio al patrimonio común.

Lo que debe exigirse al PP

El próximo compromiso con la caza debe venir acompañado de responsables, plazos y resultados comprobables. Menos duplicidades administrativas; normas respaldadas por ciencia; gestión de hábitats y recuperación de la caza menor; relevo generacional con oportunidades reales; y una defensa europea capaz de explicar qué propone, qué negocia y qué consigue.

El PP tiene actuaciones que reconocer y una trayectoria de compromisos que permite exigirle más. Su balance debe medirse por las decisiones que toma y por sus efectos sobre quienes salen al campo.

El cazador no necesita que le recuerden cuánto lo aprecian cuando llegan las urnas. Necesita comprobar cuánto le facilitan la vida cuando gobiernan.

Fuentes y antecedentes

Análisis y opinión. El programa de 2023 es un antecedente, no un programa nuevo para esta convocatoria. Las propuestas y valoraciones del diario se diferencian de las normas y decisiones citadas.

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