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La caza en juego en Cataluña: la Generalitat podría decidir quién gestiona los cotos

  • La iniciativa deja abierta la continuidad de las sociedades actuales y plantea un modelo de gestión pública directa o mediante concesiones.
Isard en una ladera; imagen ilustrativa ampliada mediante IA a partir de una fotografía de Lleida
Isard en una imagen basada en una fotografía de Tom Field tomada en Lleida el 22 de mayo de 2026. Ampliación y reencuadre mediante IA; imagen ilustrativa adaptada. Foto original: Tom Field / iNaturalist · CC BY. Adaptación mediante IA y conversión a WebP.

· Madrid

¿Quién gestionará los terrenos donde hoy cazan las sociedades catalanas? Esa es la gran pregunta que deja la propuesta de Junts sobre la caza y la gestión sostenible de especies cinegéticas. El texto sitúa a la Generalitat en el centro del modelo y abre una transición cuyo desenlace será decisivo para quienes llevan años sosteniendo los cotos.

Caza Libre ha examinado el documento íntegro de 32 páginas facilitado por la Federación Catalana de Caza, correspondiente a la iniciativa registrada el 21 de octubre de 2026, expediente 202-00092/15. Conviene dejar clara su situación: es una proposición de ley, no una norma aprobada ni vigente. Su contenido puede cambiar durante la tramitación.

El artículo que cambia las reglas del juego

El artículo 8 atribuye al departamento competente la regulación, gestión y administración de las áreas de caza. Prevé que la Generalitat gestione la actividad con medios propios o mediante concesiones a entidades legalmente constituidas cuya finalidad sea el aprovechamiento de los recursos cinegéticos.

No supone que las sociedades queden excluidas: esas entidades podrían participar en el nuevo sistema. El problema es otro: el articulado no garantiza expresamente la continuidad indefinida ni una preferencia automática para las sociedades que gestionan hoy los terrenos. Las condiciones de las concesiones se remiten al Gobierno.

El texto reconoce el pilar sociocultural de la gestión cinegética. Pero ese reconocimiento necesita traducirse en reglas concretas: qué se valorará, cómo se reconocerán las inversiones y el trabajo realizado y qué estabilidad tendrán las entidades arraigadas en cada municipio.

Otro matiz relevante: el plazo de entre cinco y diez años que aparece en el artículo 8 se refiere a la duración de las áreas de caza. No debe presentarse como si el documento fijara expresamente ese mismo plazo para todas las concesiones.

Los cotos actuales no desaparecerían de un día para otro

La disposición transitoria primera mantiene temporalmente las áreas privadas y locales de caza bajo sus planes técnicos y la normativa anterior hasta la caducidad del plan vigente. Añade una prórroga de un año vinculada a la disponibilidad del nuevo plan marco y una referencia a un máximo de dos años desde la publicación de la ley.

La redacción de ese tránsito merece aclararse para evitar interpretaciones contradictorias. En cualquier caso, no describe una supresión inmediata de todos los cotos, pero tampoco resuelve por sí sola quién continuará al frente después de la transición.

Daños: más responsabilidad pública, pero con excepciones

El artículo 25 incorpora una intervención importante de la Generalitat en las indemnizaciones. Sin embargo, decir que la Administración pagará todos los daños sería simplificar demasiado.

En terrenos de régimen especial cuya titularidad no corresponda a la Generalitat, cuando la especie se encuentre en estado poblacional normal, el texto sitúa la responsabilidad en el titular y prevé un seguro de responsabilidad civil. La Administración respondería subsidiariamente de las insuficiencias de cobertura previstas en ese esquema.

El tratamiento cambia en situaciones de alerta y cuando un plan de control termina sin alcanzar sus objetivos, así como durante la emergencia hasta recuperar el equilibrio poblacional. La disposición transitoria segunda contempla además la indemnización pública de daños donde ya se haya superado el umbral de riesgo y todavía no se haya restablecido ese equilibrio, exista o no un plan aprobado o una emergencia declarada.

La clave estará en cómo se acredita cada situación y se tramita cada expediente. También hay un límite temporal: la disposición final primera difiere los efectos económicos de la ley a la siguiente ley de presupuestos. No cabe prometer pagos inmediatos a partir de esta propuesta.

Exigir capturas obliga a permitir actuar

La planificación se organiza por zonas biogeográficas, con estados de normalidad, vigilancia y alerta, y planes marco revisables cada cinco años. Ese enfoque puede ayudar a concentrar esfuerzos donde existen problemas reales, pero los objetivos deben ir acompañados de herramientas.

No resulta razonable exigir a una sociedad que reduzca una población si carece de autorizaciones, acceso a los terrenos o condiciones seguras para intervenir. La gestión cinegética necesita permisos adecuados, coordinación y medios, especialmente en los puntos donde los daños o los accidentes hacen urgente actuar.

La propuesta contempla que la Administración complete aprovechamientos no ejecutados con medios propios o con la colaboración de asociaciones de cazadores y organizaciones agrarias. Precisamente por ello debe quedar claro cómo se determina el incumplimiento y qué sucede cuando las dificultades no dependen de la sociedad.

Examen, seguros y multas: la letra pequeña también cuenta

La disposición transitoria cuarta concede cinco años para superar el examen a quienes tengan o hayan tenido licencia conforme a la legislación anterior y no hayan obtenido su convalidación. No equivale a una exención general para todos los cazadores actuales.

La adicional tercera prevé que el departamento asuma el coste del seguro de responsabilidad civil de las áreas donde se desarrolle el pilar sociocultural. Es una previsión relevante, aunque su alcance práctico requiere concreción.

El régimen sancionador contempla multas de 60 a 500 euros para infracciones leves, de 501 a 3.000 para graves y de 3.001 a 60.000 para muy graves. La cifra máxima no es una sanción automática: depende de la infracción y de su graduación.

Además, el documento contiene remisiones que convendría revisar: la adicional sobre seguros apunta al artículo 26.2, mientras la previsión correspondiente aparece en el 25.2; la transitoria del examen remite al 21, aunque su regulación se encuentra en el 20. Son detalles técnicos con consecuencias para la claridad del texto.

Modernizar sí; dejar en el aire a las sociedades, no

La Federación Catalana ya ha reclamado garantías de continuidad, reconocimiento de las inversiones y obligaciones proporcionadas a los medios disponibles. Su posición se recoge en la noticia publicada por Caza Libre sobre la respuesta federativa.

El análisis del articulado permite precisar el debate: no estamos ante una prohibición de la caza, pero sí ante una propuesta que puede transformar de manera profunda su gestión. La modernización será una oportunidad si aporta seguridad jurídica, capacidad de actuación y estabilidad a quienes mantienen la actividad sobre el terreno. Para conseguirlo, esas garantías deben quedar escritas.

Documentos y fuentes

Análisis propio de la proposición de ley registrada el 21 de octubre de 2026, expediente 202-00092/15. Documento íntegro de 32 páginas facilitado por la Federación Catalana de Caza y revisado por esta redacción. Las referencias describen ese texto, susceptible de modificación durante la tramitación.

Parlament de Catalunya: proposiciones de ley · Federación Catalana de Caza: posición del 23 de octubre.

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