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PSOE y caza: después de ocho años, ya no basta con prometer

  • El PSOE debe responder por las decisiones tomadas desde 2018 y concretar qué hará con los costes, los trámites y la gestión del campo. Haber gobernado cambia el examen: las declaraciones de apoyo deben acompañarse de resultados.
Luis Planas, tercero desde la izquierda, y Pedro Sánchez, cuarto, en un acto agrario el 14 de enero de 2026.
Luis Planas (tercero desde la izquierda) y Pedro Sánchez (cuarto), junto a otros participantes en un acto sobre relevo generacional agrario, el 14 de enero de 2026. Fotografía de archivo; no corresponde a un acto electoral. Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa. Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es. Ministerio de la Presidencia. Fecha de la información utilizada: 14 enero 2026. Condiciones de reutilización. Redimensionada y convertida a WebP; encuadre de presentación.

· Madrid

8 octubre 2026 · 10:46 CEST a las 10:46

Análisis y opinión

El PSOE llega al examen electoral con una responsabilidad distinta a la de quienes no han dirigido el Gobierno. Pedro Sánchez gobierna desde 2018. Después de ocho años, los cazadores tienen derecho a preguntar qué ha mejorado, qué sigue pendiente y qué decisiones han dificultado su actividad.

No basta con afirmar que se escucha al mundo rural. Esa escucha debe verse en las normas, en los presupuestos y en la facilidad para ejercer una actividad legal. Tampoco resulta aceptable presentar cada compromiso como si el contador empezara de cero.

El balance exige reconocer los avances, señalar las rectificaciones y reclamar soluciones a los problemas que siguen abiertos.

Estrategia Nacional: un marco común que debe demostrar su utilidad

La aprobación de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética en marzo de 2022 permitió acordar un marco común con el apoyo unánime de las comunidades autónomas. Su aportación fue establecer objetivos compartidos para mejorar el conocimiento de las poblaciones, orientar una gestión sostenible y coordinar actuaciones entre administraciones, respetando las competencias autonómicas sobre la caza.

Ese acuerdo tiene valor como instrumento de planificación. Pero aprobar una estrategia no equivale a haber reducido trámites, abaratado licencias o mejorado el acceso a la caza. Esas mejoras deben acreditarse por separado.

El Ministerio de Agricultura ha defendido avances en su desarrollo. Al PSOE le corresponde explicar cuáles se han ejecutado, con qué presupuesto y qué resultados concretos han llegado al cazador, a las sociedades locales y a quienes gestionan los terrenos.

La valoración debe hacerse sobre esos resultados. Si existen, deben poder comprobarse. Si quedan objetivos pendientes, deben tener responsables y fechas. El documento aprobado en 2022 no puede convertirse en una respuesta permanente a demandas que siguen sin resolver.

Perros de caza: una rectificación después de la presión del colectivo

La exclusión de los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal llegó después de meses de presión del sector cinegético, con reivindicaciones de las federaciones y movilizaciones como la del mundo rural del 20 de marzo de 2022 en Madrid. La Real Federación Española de Caza atribuyó el anuncio socialista a esa presión. El Grupo Socialista presentó la enmienda y la ley finalmente excluyó de su ámbito a los perros de caza, las rehalas y los animales auxiliares de caza.

Ese contexto debe formar parte del balance. Reconocer la enmienda socialista no permite borrar las protestas ni presentar el resultado como una iniciativa espontánea del partido. El colectivo llevaba meses reclamando una regulación que atendiera a las características de estos animales y de su actividad.

Ahora el PSOE debe comprometerse por escrito a mantener un régimen específico, proporcionado y elaborado con participación del sector. El cuidado, la cría, el alojamiento y el transporte necesitan reglas claras y aplicables.

La exclusión de aquella ley no elimina las obligaciones de protección animal. Los cazadores deben cumplirlas y el maltrato debe perseguirse. Lo que se exige es que las normas respondan a problemas reales y no impongan cargas injustificadas a quienes cuidan correctamente de sus perros.

El IVA veterinario sigue en la factura

La atención veterinaria de los perros de caza soporta, con carácter general, un IVA del 21 %. La subida procede de 2012, durante el Gobierno del PP: atribuírsela al PSOE sería incorrecto. Pero después de ocho años de gobierno, los socialistas también deben responder por su mantenimiento.

Vacunar, prevenir enfermedades y atender una lesión forman parte del cuidado responsable. Gravar estos servicios al tipo general encarece ese cuidado.

La exigencia debe ser concreta: impulsar la reducción al 10 % de los servicios veterinarios que actualmente tributan al 21 %, con una propuesta normativa, una previsión presupuestaria y un calendario. Otra declaración favorable sin cambios en la factura no resuelve nada.

El lobo: aplicar el cambio europeo, también al sur del Duero

La inclusión de todas las poblaciones españolas de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en 2021 fue una decisión del Gobierno de Sánchez y debe entrar en su balance.

Desde entonces, el marco europeo ha cambiado. La Directiva (UE) 2025/1237 elimina al lobo del anexo IV de protección estricta y lo incluye en el anexo V, que permite medidas de gestión compatibles con su conservación. El cambio comprende también las poblaciones españolas al sur del Duero. El plazo de adaptación nacional termina el 15 de enero de 2027.

Además, la Ley española 1/2025 ya prevé que ese cambio europeo para las poblaciones al sur del Duero determine su exclusión automática del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. El Gobierno debe concretar cómo aplica esa previsión y dar seguridad jurídica a las comunidades autónomas, los ganaderos y los gestores del territorio.

La exigencia al PSOE debe ser tajante: aplicar el nuevo marco, especialmente al sur del Duero, y comprometer planes de gestión con censos públicos, prevención de daños, indemnizaciones ágiles y controles cuando estén legal y científicamente justificados. Cada medida debe tener responsables, presupuesto y calendario.

Europa permite una gestión más flexible, aunque no impone la caza ni impide mantener una protección nacional más estricta. Si el PSOE pretende conservar restricciones adicionales, debe defender esa decisión con datos y explicar sus consecuencias para quienes soportan los daños. El campo merece respuestas concretas y resultados verificables.

Parques nacionales: que expliquen su alternativa

La prohibición de la caza deportiva y comercial en los parques nacionales procede de la ley de 2014, anterior al Gobierno de Sánchez. Esa misma norma contempla actuaciones de control de poblaciones conforme a los instrumentos de planificación y gestión. Son cuestiones diferentes y conviene explicarlas con rigor.

El PSOE debe explicar qué modelo defiende para gestionar las poblaciones cuando resulta necesario intervenir: quién actúa, cuánto cuesta, qué resultados obtiene y cómo se evalúan esos resultados.

También debe aclarar qué participación pueden tener los cazadores en las actuaciones legalmente permitidas. Si rechaza modificar el modelo, debe justificar su alternativa y publicar sus costes. La gestión de un parque nacional requiere algo más que una posición política sobre la caza.

Compromisos por escrito, con responsables y fechas

Las demandas de este periódico al PSOE son claras:

  • Reducir el IVA veterinario al 10 %, mediante una iniciativa concreta y con calendario.Mantener una regulación específica y proporcionada para los perros de caza y las rehalas, con participación efectiva del sector.Aplicar el nuevo marco europeo del lobo, especialmente al sur del Duero, y concretar planes de gestión compatibles con su conservación.Facilitar la licencia interautonómica y reducir trámites duplicados, mediante acuerdos con las comunidades autónomas.Publicar censos, presupuestos y resultados de gestión de fauna, para que las decisiones puedan evaluarse.Impulsar una oferta pública de caza asequible, en colaboración con las administraciones competentes, que facilite el acceso de jóvenes y cazadores con menos recursos.

El reparto de competencias debe respetarse. Precisamente por eso, cada propuesta tiene que identificar qué puede hacer directamente el Estado y qué necesita acuerdos con otras administraciones. Prometer soluciones sin explicar ese camino es dejar el trabajo sin hacer.

El PSOE debe presentar una agenda de actuaciones para los primeros cien días y un calendario para las reformas que requieran más tiempo. Estas son exigencias editoriales, no compromisos que atribuyamos al partido.

Después de ocho años, el listón debe estar alto. Cada compromiso debe llevar una medida, un responsable, un presupuesto y una fecha.

Lo demás ya lo hemos escuchado.

Fuentes consultadas · 8 octubre 2026

MAPA · Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, 7 marzo 2022

MAPA · Balance ministerial de la Estrategia, 26 febrero 2025

BOE · Ley 7/2023, artículo 1.3

Congreso · Enmiendas al proyecto de protección animal

PSOE · Anuncio de la enmienda de exclusión

RFEC · Reivindicaciones y anuncio socialista, septiembre 2022

Fundación Artemisan · Movilización del 20 marzo 2022

BOE · Aplicación de tipos de IVA desde septiembre 2012

BOE · Ley del IVA, artículos 90 y 91

BOE · Orden TED/980/2021

Unión Europea · Directiva (UE) 2025/1237

BOE · Ley 1/2025, disposición transitoria única

Consejo de la UE · Nuevo estatuto del lobo

BOE · Ley 30/2014 de Parques Nacionales, artículo 7.3.a

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