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Los partidos se disputan el voto del cazador: ¿quién se compromete a recuperar la caza menor?

  • La recuperación de la caza menor silvestre necesita agricultores, cazadores y administraciones trabajando juntos. El sector lleva años reclamando medidas: esta campaña debe servir para exigir financiación, gestión efectiva y resultados.
Zorro con un conejo en la boca en Appia Antica, Roma; imagen de archivo
Zorro con un conejo en la boca en el parque regional de Appia Antica, Roma (Italia). Fotografía de archivo utilizada como recurso: no corresponde a un caso español ni acredita por sí sola un desequilibrio de poblaciones. Foto: Paolo Caloisi / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0. Reducción proporcional y conversión para web; variantes bajo la misma licencia.

· Madrid

Redacción Caza Libre

Una perdiz silvestre necesita alimento, refugio y un lugar donde sacar adelante su pollada. El agricultor que conserva esos espacios necesita que su explotación siga siendo rentable. Y el cazador que aspira a seguir recorriendo esos campos necesita que ambas cosas sean posibles.

En esa relación se encuentra una de las grandes cuestiones que deberían afrontar los partidos antes de pedir el voto del sector cinegético. Defender la caza significa comprometerse con el territorio que la sostiene, con sus poblaciones silvestres y con quienes trabajan para conservarlas.

Las declaraciones de apoyo tendrán que traducirse en decisiones: qué actuaciones se financiarán, cómo se facilitará la gestión y quién responderá de los resultados. Para la caza menor, esa es una discusión de futuro.

Una demanda que lleva años sobre la mesa

La recuperación de los hábitats agrarios forma parte de las reivindicaciones del sector desde hace tiempo. En octubre de 2018, la Real Federación Española de Caza y Fundación Artemisan solicitaron participar en la negociación de la Política Agrícola Común. Planteaban medidas agroambientales para favorecer a la perdiz roja y a otras aves vinculadas a los medios agrícolas, apoyándose en proyectos de investigación y colaboración con agricultores.

En mayo de 2020, ambas entidades presentaron al Gobierno propuestas elaboradas por quince técnicos y científicos. Incluían márgenes de siembra sin cosechar, márgenes multifuncionales, caballones y actuaciones adaptadas a distintos sistemas agrícolas. Buscaban compatibilizar la recuperación de la fauna con una renta agraria más justa.

En 2023, las medidas agroambientales para recuperar la caza menor volvieron a figurar en el decálogo electoral promovido por la RFEC y respaldado por la Oficina Nacional de la Caza. La reclamación había pasado por reuniones ministeriales, documentos técnicos y compromisos solicitados a las formaciones políticas.

Ahora corresponde examinar su recorrido. Qué propuestas se incorporaron, dónde se aplicaron, qué dificultades encontraron y qué resultados permiten acreditar. Ese balance debería acompañar a cualquier nueva promesa.

Caza y sostenibilidad van de la mano

La caza sostenible depende de conservar aquello que aprovecha. Necesita poblaciones sanas, hábitats capaces de mantenerlas y una gestión que adapte las capturas a la situación de cada especie y territorio.

El trabajo de agricultores, sociedades de cazadores, propietarios, guardas y gestores puede contribuir a ese objetivo. Conservar refugios, mantener alimento y agua donde resulte necesario, realizar censos y ajustar el aprovechamiento son actuaciones que vinculan la actividad cinegética con el cuidado del medio natural.

Ese vínculo exige responsabilidad. La sostenibilidad debe comprobarse mediante el estado de las poblaciones, la calidad del hábitat y los efectos de las actuaciones realizadas. Es lo que permite reconocer las buenas prácticas, corregir errores y justificar el apoyo público.

El proyecto RUFA ofrece un ejemplo de ese planteamiento conjunto: combina mejoras del hábitat, control de la depredación, aportes de agua y alimento y caza adaptativa, con seguimiento de las poblaciones y participación de cazadores, gestores y agricultores.

Los partidos deberían explicar cómo respaldarán esa gestión con asesoramiento, financiación y continuidad. Reconocer al cazador como colaborador en la conservación implica contar con él al diseñar las actuaciones y evaluar sus resultados.

El agricultor no puede asumir solo la factura

Reservar espacios, conservar lindes, modificar determinadas prácticas o mantener superficies sin cosechar puede generar costes, trabajo y pérdida de ingresos. Las políticas de conservación deben tenerlo en cuenta.

El agricultor necesita vivir de su explotación. Si se le pide una aportación adicional para obtener un beneficio colectivo, debe disponer de compensaciones adecuadas, reglas comprensibles y estabilidad.

La recuperación de la caza menor necesita esa alianza. El enfrentamiento con quienes producen alimentos impediría actuar sobre buena parte del territorio donde se pretende mejorar el hábitat. La colaboración permite diseñar medidas compatibles con la actividad agraria y mantenerlas durante el tiempo necesario.

La PAC 2023-2027 ya incorpora herramientas ambientales. La documentación oficial contempla espacios como barbechos, márgenes, islas de biodiversidad, superficies sin cosechar, setos y lindes, destinados a favorecer a la fauna. Su existencia obliga a preguntar por su alcance y eficacia: cuántas explotaciones participan, qué obstáculos encuentran y qué cambios se observan sobre el terreno.

Una superficie acogida a una ayuda acredita la aplicación de una medida. Conocer su efecto sobre las poblaciones exige seguimiento. Esa diferencia debe estar presente cuando las administraciones presentan sus balances.

El control de depredadores también cuenta

La recuperación de la caza menor requiere abordar la depredación cuando sea un factor limitante. Allí donde su presión comprometa el éxito reproductor o la recuperación de las poblaciones, la administración debe evaluar el problema y facilitar las actuaciones selectivas que estén justificadas.

Para intervenir con eficacia hay que conocer qué especies actúan, cómo evolucionan sus poblaciones y qué efectos producen sobre nidos, polladas y adultos. Las situaciones deben diagnosticarse en cada territorio: la abundancia de un depredador, por sí sola, no determina el impacto que tiene sobre una población concreta.

Existe evidencia que justifica incorporar esta herramienta a la gestión. Fundación Artemisan comunicó un estudio realizado en dos zonas de aproximadamente 500 y 900 hectáreas: la población primaveral de perdiz aumentó un 58 % donde se efectuó control de depredadores y descendió un 56,5 % donde no se realizó. Es un resultado local relevante, sujeto a las condiciones del estudio, que no debe extrapolarse automáticamente a todos los cotos.

El convenio publicado en el BOE en 2022 entre el Ministerio de Agricultura y Fundación Artemisan ya incluyó el control de depredadores junto con las mejoras del hábitat, el seguimiento de las poblaciones y la caza sostenible. Su incorporación a una política de recuperación tiene, por tanto, antecedentes en la colaboración pública con el sector.

La exigencia electoral debe concretarse en procedimientos claros, resolución de solicitudes en plazos razonables, formación, métodos homologados y evaluación de su eficacia. La legislación establece criterios de selectividad y bienestar animal para los métodos autorizados por las comunidades autónomas.

El control de depredadores debe integrarse con la mejora del hábitat y el resto de actuaciones. Recuperar poblaciones silvestres exige identificar sus problemas y utilizar las herramientas adecuadas para resolverlos.

Seis compromisos para poner a prueba a los partidos

Las candidaturas tienen margen para concretar su apoyo. Un programa que aspire a responder a esta demanda histórica debería ofrecer seis compromisos verificables.

Presupuesto identificable. Qué recursos se destinarán a recuperar hábitats y poblaciones silvestres, de dónde procederán y qué aportaciones serán nuevas.

Participación viable para el agricultor. Qué costes se compensarán, qué asesoramiento recibirá y cómo se facilitará su incorporación a las actuaciones.

Gestión efectiva de la depredación. Cómo se atenderán los problemas acreditados, qué medios técnicos se pondrán a disposición de los gestores y cómo se resolverán las autorizaciones que correspondan.

Seguimiento científico continuado. Qué censos e indicadores permitirán conocer la evolución de las poblaciones y valorar las medidas, incorporando la colaboración de los cazadores.

Continuidad. Cómo se evitará que las actuaciones dependan de iniciativas aisladas que terminan antes de poder evaluar sus efectos.

Responsables y calendario. Qué administración asumirá cada tarea, cuándo deberá ejecutarla y cómo se publicarán sus resultados.

El Gobierno central debe explicar qué impulsará dentro de su ámbito y qué defenderá en Europa. Las comunidades autónomas deben participar en los compromisos que les correspondan. La distribución de competencias obliga a coordinarse y precisar responsabilidades.

El apoyo se tendrá que ver en el campo

La defensa de la caza incluye responder a restricciones, conflictos normativos y cargas administrativas. También exige trabajar para que las especies dispongan de las condiciones necesarias para mantenerse.

Quienes han gobernado deben presentar resultados. Quienes aspiran a hacerlo deben explicar sus propuestas con presupuesto y calendario. La exigencia tiene que ser comparable para todos.

Los cazadores también deben asumir su parte: aportar información, colaborar en la gestión y adaptar el aprovechamiento al estado de las poblaciones. Esa responsabilidad fortalece su capacidad para reclamar políticas útiles.

La recuperación de la caza menor silvestre necesita un compromiso duradero con el campo. Antes de pedir el voto del cazador, los partidos deberían explicar cuánto van a invertir, qué herramientas van a facilitar y cómo demostrarán que sus decisiones funcionan.

Fuentes y documentos

Artemisan · PeticiónRFEC/Artemisan29oct2018

Artemisan · Propuestas agroambientales15mayo2020,15técnicos

RFEC/ONC · Demandas electorales2023, antecedente no programa2026

Artemisan · MetodologíaRUFA

MITECO · Prácticas agrarias para biodiversidad

Artemisan · Estudio local,58% y−56,5%, doszonas500/900ha

BOE · Convenio2022MAPA/Artemisan, control depredadores yhábitat

BOE · Ley42/2007,selectividadybienestaranimal

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