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Quien quiera el voto de la caza debe darle voz y voto donde se decide su futuro

  • El sector necesita representación estable en los órganos que afectan a su actividad. Caza Libre propone acompañar esa reforma con una regla común: participar para aportar, con reembolso de gastos justificados y sin subvenciones por representación institucional.
Fachada del Palacio de Fomento, sede del Ministerio de Agricultura, en una imagen de archivo de mayo de 2022
Palacio de Fomento, sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid. Fotografía de archivo de mayo de 2022: Ajay Suresh / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Redimensionada para web. Imagen ilustrativa; no corresponde a una reunión de los órganos citados. Fuente original · Licencia CC BY 2.0.

· Madrid

Un partido que quiera el voto de los cazadores debería comprometerse a algo más que defender públicamente la actividad. Debe explicar cómo garantizará que sus representantes participen en los órganos donde se preparan normas, se examinan planes y se acuerdan posiciones que después afectan al campo.

La cuestión es concreta: quién recibe los documentos, quién puede presentar propuestas, quién interviene en las deliberaciones y quién tiene voto. También qué dinero público se destina a sostener esa participación.

Nuestra propuesta parte de dos principios: representación efectiva del sector cinegético y financiación limitada a los gastos necesarios y acreditados para participar. La misma regla debe aplicarse a cazadores, ecologistas, organizaciones empresariales y demás entidades representadas.

Un Comité de Caza donde el sector no tiene voto

La Orden APA/150/2026, publicada el 2 de marzo, regula un Comité de Caza integrado por representantes de las administraciones. Las entidades científicas, técnicas o sectoriales pueden acudir si son expresamente convocadas, pero intervienen con voz y sin voto.

Sus funciones incluyen coordinar la aplicación de la normativa cinegética, analizar propuestas técnicas y elaborar posiciones unificadas para los foros europeos e internacionales. Es un espacio relevante para el futuro de la actividad. La propia orden establece que asistir a sus sesiones no genera indemnizaciones por razón de servicio.

Tiene sentido que las administraciones dispongan de un órgano de coordinación propio. Desde nuestro criterio editorial, ese mecanismo debe completarse con participación sectorial permanente, regulada y con capacidad real de intervenir en sus acuerdos.

Para conseguirlo hay que reformar su composición o crear un órgano mixto con funciones claramente delimitadas. Una invitación ocasional deja la presencia del sector pendiente de cada convocatoria.

La representación existe en algunos órganos y falta en otros

Sería incorrecto afirmar que la caza está excluida de todos los consejos estatales. El Consejo Forestal Nacional reserva una vocalía conjunta a las asociaciones relacionadas con la caza y la pesca, cuya propuesta corresponde a las federaciones españolas de ambas actividades. El Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad contempla dos vocalías de federaciones deportivas que actúan en el medio natural, propuestas por el Consejo Superior de Deportes. Estas últimas no son dos plazas exclusivas para la caza.

La situación es distinta en el Consejo Asesor de Medio Ambiente —CAMA—. Su composición reserva representación a organizaciones ambientales y a otros sectores sociales y económicos, pero no establece una vocalía específica para el sector cinegético.

En Interior, la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos tampoco reserva una plaza a los cazadores. Su normativa permite invitar a representantes de fabricantes, comerciantes y personas de reconocida competencia para asesoramiento, sin voto. Su naturaleza administrativa y sus responsabilidades en seguridad obligan a estudiar una fórmula de participación adecuada a esas funciones.

La reforma debe identificar cada órgano y resolver su carencia concreta: asegurar una vocalía propia donde corresponda, reforzar una representación compartida cuando resulte insuficiente y establecer consulta sectorial permanente en las materias que afecten directamente a la actividad.

El dinero asociado a la participación

El Real Decreto 1069/2025 reguló una línea de subvenciones de 2.350.000 euros para fomentar la participación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Su finalidad comprende obligaciones de representación en diversos órganos colegiados, además de informes, estudios, formación y voluntariado. Corresponde al ejercicio 2025; el decreto no acredita por sí solo cuánto se pagó efectivamente.

Existe, además, una convocatoria de la Fundación Biodiversidad publicada en agosto de 2026, dotada con hasta 800.000 euros, para apoyar actividades de participación en políticas ambientales estatales. Es una dotación máxima, no una cifra de gasto ejecutado. Al corresponder a instrumentos y ejercicios diferentes, ambas cantidades no deben sumarse como una única bolsa anual.

Estos fondos no constituyen pagos personales por asistir o votar. Los documentos tampoco permiten atribuir una actuación irregular. Lo que planteamos es revisar el modelo de financiación.

Participar para aportar, con gastos justificados

Caza Libre defiende eliminar las subvenciones cuyo fundamento sea sostener la representación institucional. Ocupar una vocalía debe responder a la representatividad y a la capacidad de aportar experiencia, conocimiento y propuestas.

Ese criterio debe regir también para las organizaciones cinegéticas. Reclamar igualdad exige aceptar las mismas condiciones.

La participación puede ocasionar gastos. Proponemos permitir únicamente el reembolso de desplazamiento, alojamiento y manutención indispensables, con justificantes, límites públicos y control de duplicidades. Las reuniones telemáticas deberían facilitar la asistencia y reducir costes. Esta es una propuesta de reforma, no una descripción de un derecho actual a percibir dietas.

Cuando una subvención reúna representación, investigación y otras actividades, habrá que separar sus finalidades. Los estudios o proyectos que la Administración necesite financiar deberán tener objeto, resultados y procedimientos propios, sin utilizar la pertenencia a un consejo como requisito que cierre el acceso a otras entidades capacitadas.

Qué debe comprometerse a hacer quien pida ese voto

El compromiso electoral debería incluir un inventario público de los órganos que afectan a la caza, sus integrantes y sus reglas de participación. Después, las reformas necesarias para garantizar representación estable del sector, con voz y voto en los órganos de participación donde corresponda, respetando las competencias de las administraciones.

También debe garantizar documentación con antelación, posibilidad de incorporar propuestas al orden del día y publicidad de los informes, acuerdos y votos particulares, con los límites legales aplicables. Un voto consultivo permite intervenir en un dictamen; no sustituye la decisión de la autoridad competente ni concede derecho de veto.

Finalmente, pedimos revisar la financiación asociada a esa representación y sustituirla por un régimen común de gastos justificados. Con normas iguales y cuentas accesibles para todos.

Quien solicite el voto de la caza puede empezar por asumir estos compromisos por escrito, identificar las normas que reformará y fijar un plazo para hacerlo. La representación se demuestra cuando llegan los documentos, se escuchan las propuestas y queda constancia de las decisiones.

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