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La tórtola necesita campo, no solo decretos

  • Una investigación en 47 cotos españoles refuerza el valor de las siembras para fauna. Sus resultados invitan a exigir una conservación que recupere hábitats, reconozca el trabajo de los cazadores y evalúe sus propias decisiones con el mismo rigor que reclama al campo.
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Una investigación en 47 cotos españoles refuerza el valor de las siembras para fauna. Sus resultados invitan a exigir una conservación que recupere hábitats, reconozca el trabajo de los cazadores y evalúe sus propias decisiones con el mismo rigor que reclama al campo.
Redacción Caza LibreOpinión · Caza Libre
Tórtola europea posada, fotografía de archivo de Juan Emilio
Redacción Caza Libre →Colaborador de Caza Libre
· Madrid

Un decreto puede detener una escopeta. Recuperar un paisaje exige bastante más: tierra disponible, acuerdos con agricultores, continuidad, dinero y alguien dispuesto a trabajar cuando la temporada de caza queda lejos. Esa diferencia debería ocupar el centro del debate sobre la tórtola europea. Porque regular las capturas es una responsabilidad necesaria, pero la conservación queda incompleta cuando termina en el boletín oficial.

La investigación difundida por Fundación Artemisan el 23 de septiembre aporta argumentos para avanzar en esa discusión. Publicada el día 9 en Diversity, reúne a investigadores de Artemisan, las universidades de León, Extremadura y Salamanca y la Federación Extremeña de Caza. Analiza 185 censos realizados entre 2021 y 2025 en 47 cotos del sur y este de España. Su principal resultado es una asociación positiva entre las medidas agrícolas y la abundancia relativa de tórtolas: el modelo estima un valor 1,76 veces mayor en los terrenos que las aplicaban.

Conviene detenerse en esa cifra. Una abundancia relativa estimada un 76 % mayor no significa que sembrar produzca automáticamente un 76 % más de tórtolas. Tampoco constituye una receta trasladable a cualquier finca. Es una asociación relevante, con un intervalo de confianza del 95 % entre 1,18 y 2,62, que respalda una línea de gestión y justifica seguir investigándola. Convertirla en una garantía comercial o en una certeza universal perjudicaría precisamente al argumento que queremos defender.

Las actuaciones agrícolas descritas incluían siembras de cereales y leguminosas, sin herbicidas ni pesticidas y conservadas sin cosechar ni pastorear hasta septiembre. Son decisiones concretas sobre el aprovechamiento de la tierra, sostenidas durante meses. Su valor merece una discusión más exigente que el habitual intercambio de consignas sobre quién quiere más a los animales.

Dejar una superficie para la fauna implica renunciar a otros usos, coordinarse con quien cultiva y mantener un compromiso que puede no ofrecer una recompensa inmediata. Para una sociedad local de cazadores, ese esfuerzo compite con otros gastos y depende a menudo de unas pocas personas. Si esperamos que se multiplique, habrá que explicar cómo hacerlo viable. El entusiasmo ayuda a empezar; difícilmente basta para sostener una política de conservación.

También hay resultados que obligan a afinar el discurso. El estudio no detectó un efecto claro del aporte de agua ni de las actuaciones forestales, y encontró una asociación negativa con la alimentación suplementaria. Los autores piden cautela al interpretar esta última, ampliamente extendida entre los terrenos estudiados. Estos resultados no acreditan que alimentar perjudique a la especie ni que el agua carezca de importancia. Sí impiden afirmar que todas las actuaciones han demostrado el mismo beneficio.

Aquí empieza la gestión seria: en la disposición a revisar nuestras convicciones cuando los datos introducen matices. Un cazador puede conocer profundamente su terreno y seguir necesitando ayuda para evaluar una intervención. Un investigador puede construir un buen modelo y necesitar al gestor para comprender las circunstancias locales. La cooperación entre ambos debería ser una fortaleza habitual del sistema.

El catálogo de medidas elaborado para el Ministerio de Agricultura por investigadores del IREC y del CTFC ofrece una perspectiva más amplia. Destaca la combinación de ambientes agrícolas y forestales, los márgenes, los barbechos y la disponibilidad de semillas. Incluye puntos de agua seguros y naturalizados, especialmente útiles en situaciones de escasez, pero los considera una actuación complementaria. También advierte de que aportar alimento puede concentrar aves sin demostrar, por ese solo hecho, una mejora de su productividad.

Por eso, hablar de alimento, agua y refugio requiere mirar el conjunto. Importa lo que encuentra el ave durante su estancia, la distribución de los recursos y la continuidad del paisaje. Un lindero conservado puede parecer una intervención modesta; su utilidad debe juzgarse por lo que aporta, con independencia de que resulte menos vistoso que una instalación nueva. La administración debería ayudar a escoger actuaciones adecuadas para cada terreno y evitar que la conservación se convierta en una carrera por acumular elementos fotografiables.

El estudio de los 47 cotos tampoco debe utilizarse para borrar el papel de la reducción de capturas. Otra investigación, publicada en Conservation Letters en 2024, documentó un incremento estimado del 25,4 % de las parejas reproductoras en la vía migratoria occidental entre 2021 y 2023, después de implantarse la moratoria. Sus autores encontraron evidencia de una respuesta rápida a la suspensión de una presión cinegética previamente insostenible. Es una pieza importante de la explicación, y una defensa solvente de la caza debe incorporarla.

Reconocer ese resultado fortalece la exigencia de recuperar el hábitat. Si una población necesita reducir mortalidad para remontar, corresponde hacerlo. Al mismo tiempo, debemos trabajar sobre las condiciones que permiten sostener esa recuperación. Sería una política pobre celebrar la eficacia de una restricción y desentenderse después del paisaje al que regresan las aves.

El marco europeo ya contempla esa relación. La Comisión reconoce la legitimidad de la caza sostenible e incluye la mejora del hábitat y su vinculación con las oportunidades cinegéticas dentro del mecanismo de gestión adaptativa. Incluso BirdLife, defensora de las restricciones temporales para poblaciones debilitadas, sostiene que estas medidas por sí solas no salvarán a las aves migratorias y que la recuperación duradera depende de restaurar sus ecosistemas. Hay aquí una base de acuerdo suficiente para exigir resultados.

La discusión debería concentrarse en cómo se traduce ese acuerdo en el territorio. Qué superficies se conservan, qué actuaciones se mantienen, cómo se financian y qué seguimiento permite comprobar su utilidad. También qué obstáculos administrativos pueden eliminarse para que una sociedad de cazadores dedique sus recursos a gestionar y cuente con asesoramiento accesible.

Andalucía ofrece un ejemplo concreto. Su resolución de 26 de mayo de 2026 vincula el acceso a los cupos de tórtola con actuaciones previas de mejora del hábitat y exige el precinto digital para controlar las capturas. Además, trata el agua y la alimentación suplementaria como medidas complementarias: presentar ambas obliga a incorporar otra actuación distinta. La norma prevé comprobaciones sobre el terreno y la posibilidad de revocar el cupo cuando la información presentada sea inexacta o falsa.

Esa lógica merece desarrollarse: una posibilidad de aprovechamiento ligada a obligaciones verificables puede generar un incentivo para conservar. Pero el sistema debe ser comprensible, proporcionado y estable. Quien invierte tiempo y dinero necesita conocer las reglas, recibir orientación y poder planificar. Los cambios deben responder a la evidencia y explicarse con claridad; la incertidumbre burocrática también tiene un coste.

Hay, además, una cuestión de reparto de responsabilidades. El propio catálogo del Ministerio señala que la gestión del hábitat de la tórtola no debe recaer exclusivamente en el sector cinegético. Propone que la administración desarrolle mecanismos para impulsar esas mejoras como parte de sus estrategias de conservación.

La consecuencia práctica debería ser una colaboración más ambiciosa entre cazadores, propietarios, agricultores y poderes públicos. Acuerdos duraderos, asistencia técnica y financiación dirigida a actuaciones útiles. También compensaciones razonables cuando conservar recursos para la fauna exige renunciar a una parte del aprovechamiento agrícola. Pedir colaboración resulta más creíble cuando se reconoce el coste de prestarla.

A los cazadores nos corresponde sostener nuestra parte con la misma seriedad. Censos fiables, capturas registradas, respeto a los cupos y disposición a corregir actuaciones que no ofrecen los resultados esperados. El trabajo de conservación merece reconocimiento; ese reconocimiento gana fuerza cuando puede examinarse y acreditarse. La defensa de la caza será más sólida cuanto mejor explique lo que hace, cuánto cuesta y qué consigue.

Este es el valor del debate que abre la investigación: llevar la conversación hacia decisiones que pueden observarse, evaluarse y mejorarse. La tórtola necesita una regulación responsable y un territorio capaz de sostenerla. Ambas tareas deben avanzar juntas.

A una política de conservación deberíamos exigirle algo más que el número de disposiciones aprobadas. Debería poder mostrar qué hábitats ha recuperado, qué colaboraciones ha mantenido y qué resultados está obteniendo. Y a la sociedad le corresponde reconocer a quienes convierten esos objetivos en trabajo cotidiano.

El boletín fija las reglas. La recuperación se juega también en cada parcela que seguimos dispuestos a conservar.

Documentación y criterio editorial

Artículo de opinión y análisis. Documentación revisada el 4 de octubre de 2026: texto íntegro del estudio, investigación sobre la moratoria, catálogo del Ministerio, normativa oficial y posiciones de las organizaciones citadas. El estudio de los cotos es observacional; las asociaciones descritas no prueban causalidad. Las propuestas de financiación, colaboración y simplificación expresan la posición editorial de Caza Libre.

Sánchez-García y colaboradores · Estudio completo en Diversity, 9 septiembre 2026

Fundación Artemisan · Comunicación del 23 septiembre 2026

MAPA · Catálogo de medidas de hábitat, documento de septiembre de 2023

Carboneras y colaboradores · Respuesta a la moratoria, Conservation Letters, 2024

Comisión Europea · Caza sostenible y gestión adaptativa

BirdLife International · Posición publicada el 12 junio 2026

BOJA · Resolución de 26 mayo 2026, publicada el 1 junio 2026

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