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Prohibir la caza también exige respuestas

  • Quienes proponen prescindir de la gestión cinegética deben explicar qué alternativa ofrecen, cómo se aplicará y quién asumirá su coste.
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«Cuando alguien vuelva a pedir que se prohíba la caza, habrá que escucharle. Después, pedirle el plan».
Marcos Ruiz EspínDirector editorial de Caza Libre
Marcos Ruiz Espín en el estudio de radio
Marcos Ruiz Espín →Director editorial de Caza Libre
· Madrid

El pasado 25 de octubre, un motorista murió después de que su motocicleta colisionara con un jabalí en la C-35, en Maçanet de la Selva. Su acompañante resultó herida crítica, según el comunicado del Servei Català de Trànsit. Detrás de esa información hay personas y familias cuya vida ha cambiado para siempre.

Ante una tragedia así, lo primero debe ser el respeto. Después, las preguntas. Entre ellas, una que aparece demasiado poco en el debate sobre la fauna: ¿qué estamos haciendo para reducir el riesgo?

Porque discutir sobre la caza resulta muy sencillo cuando la conversación termina en una consigna. El problema llega cuando hay que gestionar animales, prevenir daños y tomar decisiones sobre un territorio que comparten vecinos, agricultores, ganaderos y conductores.

Ahí hacen falta respuestas.

Quien propone prohibir la caza tiene derecho a defender su posición. También debe aceptar que se le pregunte qué pondría en su lugar. Con qué medios. En qué zonas. Durante cuánto tiempo. Con qué presupuesto y cómo comprobaría sus resultados.

Son preguntas elementales para cualquier propuesta que aspire a convertirse en una decisión pública.

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Los cazadores tampoco podemos presentar la escopeta como respuesta suficiente para todo. La seguridad en las carreteras exige actuaciones sobre las propias vías, mantenimiento, visibilidad, pasos de fauna y medidas adaptadas a cada tramo. La gestión de las poblaciones necesita conocimiento técnico y seguimiento.

Precisamente por eso, excluir de antemano una herramienta exige explicar cómo se cubrirá su función allí donde resulte necesaria.

Quien considere que existen alternativas mejores debe concretarlas y someterlas a evaluación. Si funcionan, sus resultados merecerán reconocimiento. Si resultan insuficientes, habrá que corregirlas. La gestión del campo necesita esa disposición a comprobar y rectificar.

También necesita presupuestos.

Un plan escrito debe traducirse en personas, equipos, permisos y trabajo sobre el terreno. Las administraciones tienen que explicar cuánto cuesta ejecutarlo y de dónde saldrán los recursos. La misma exigencia debe alcanzar a las propuestas que reciben y a las restricciones que aprueban.

Conviene distinguir las responsabilidades. Cada accidente tiene circunstancias que deben investigarse; una discrepancia sobre la caza no convierte a nadie en responsable de una colisión. Pero quienes toman decisiones sobre la gestión de la fauna sí deben responder políticamente por sus medidas, sus omisiones y sus resultados.

A los cazadores se nos exigen licencias, seguros, formación y cumplimiento de las normas. Es razonable reclamar una seriedad equivalente a quienes quieren decidir el futuro de nuestra actividad.

El debate merece más que descalificaciones contra quienes cazan. Merece propuestas que puedan aplicarse y evaluarse. Y merece escuchar a quienes conocen el territorio, sin sustituir el criterio técnico por la simpatía o el rechazo hacia un colectivo.

Cuando alguien vuelva a pedir que se prohíba la caza, habrá que escucharle. Después, pedirle el plan.

Con medidas, plazos, presupuesto y responsables.

Porque los problemas del campo siguen ahí cuando termina el discurso.

Fotografía de Marcos Ruiz Espín en el estudio de radio. Imagen de archivo facilitada a Caza Libre. Derechos reservados.

Documentación de referencia

Servei Català de Trànsit: comunicado del siniestro del 25 de octubre · DGT: medidas para reducir los siniestros con fauna

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